La defensa y salvaguarda del principio de igualdad entre mujeres y hombres está ampliamente recogida y desarrollada en la diversa normativa, tanto internacional como a escala nacional y autonómica. No obstante, los avances registrados en la aplicación de este principio no se corresponden con el respaldo que le otorgan las regulaciones puestas en marcha en los distintos niveles administrativos o geográficos. Es necesario ampliar los esfuerzos destinados a hacer de ese principio una realidad. Conseguir que la distancia entre principio y realidad sea cada vez menor es misión, en gran manera, de los poderes públicos a través de las políticas que llevan a cabo y de su impacto en la corrección de las desigualdades en los diferentes ámbitos. La sociedad en su conjunto y las mujeres en particular así lo reclaman y así se viene evidenciando.
La regulación de esas políticas y los recursos materiales y financieros destinados son pues determinantes, siendo los presupuestos el instrumento por excelencia que permite su ejecución y desarrollo. De ahí, por tanto, la relevancia de tomar en consideración la perspectiva de género en el proceso de presupuestación y de analizar el impacto previsible, en términos de igualdad entre mujeres y hombres y, de las acciones puestas en marcha a través del presupuesto, así como también verificar con posterioridad los resultados que se van alcanzando.
