El presupuesto público es uno de los instrumentos más importante para que el Estado, en sus distintos niveles de intervención, pueda ejercer su responsabilidad como garante de
derechos, llevar a cabo funciones y materializar sus objetivos. Durante mucho tiempo el presupuesto público ha sido visto como «neutral al género» al ser entendido como un mero
agregado financiero en el que no existe una mención particular ni a las mujeres ni a los hombres y en el cual se considera que sus efectos son igualmente beneficiosos para la
ciudadanía en general. Sin embargo, debido a los roles de género, hombres y mujeres ocupan posiciones económicas y sociales distintas que generan desigualdades, desventajas
y discriminaciones. Por ello, tanto de una manera directa (a través de la recaudación del ingresos y la distribución del gasto), como indirecta (mediante los efectos generados en el
empleo, la prestación de servicios, el crecimiento económico o la redistribución del tiempo dedicado a la reproducción social para el cuidado y sostenibilidad de la vida), los
presupuestos tienen impactos distintos en hombres y mujeres. Efectos diferenciados que se ven, a su vez, condicionados por otras variables como: la edad, la posición económica o
el territorio en el que se habita o el grupo étnico al que se pertenece. Ignorar este impacto diferenciado, y las implicaciones que el mismo conlleva para el diseño de las políticas
públicas y la asignación de recursos, no habla de neutralidad de género, sino de «ceguera» o desconocimiento de las diferencias de género.
Con el objetivo de combatir dicha «ceguera» y dando respuesta a los Compromisos Nacionales e Internacionales que los Estados han adoptado en las últimas décadas para promover la Igualdad de Género, surgen las denominadas iniciativas de Presupuestos con Enfoque de Género (PEG). Avanzar en un PEG implica evaluar las diferentes necesidades, intereses y realidades que hombres y mujeres tienen en la sociedad y tomarlos en cuenta a la hora de diseñar los programas presupuestarios para garantizar un acceso equitativo a los bienes y servicios públicos. Significa también reconocer que dichas diferencias generan desigualdades entre hombres y mujeres, siendo necesario identificar en los programas presupuestarios medidas destinadas a compensarlas hasta eliminarlas. Adicionalmente avanzar hacia un PEG implica el reconocimiento de que la reproducción y sostenibilidad de la vida y el logro del bienestar es un fin que requiere de diferentes contribuciones, en las que se incluye tanto el trabajo remunerado como el no remunerado.
Dichas contribuciones en la actualidad están desproporcionalmente repartidas, siendo la mayor carga de trabajo de cuidado no remunerado asumida por las mujeres al interior de
los hogares. Por ello, el presupuesto debe contribuir a la reorganización de este trabajo promoviendo una mayor corresponsabilidad entre el Estado, el Sector privado, la Comunidad y los hogares en la reproducción y sostenimiento de las condiciones de vida, y en todos estos estos ámbitos, promover igualmente un reparto más equitativo entre hombres y mujeres.