El análisis de los presupuestos públicos desde la perspectiva de género, a pesar de constituir una iniciativa bastante reciente en el tiempo, —sólo han transcurrido dos décadas desde que se comenzaron a poner en marcha las primeras experiencias prácticas— se ha convertido en uno de los temas más recurrentes en los debates feministas relativos a la política económica en la actualidad.
El surgimiento de esta estrategia que pretende insertar la perspectiva de las desigualdades de género existentes en la planifi cación y análisis de los Presupuestos Públicos (de aquí en adelante, Presupuestos con Enfoque de Género o PEG) es fruto de un trabajo de décadas a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Trabajo impulsado principalmente por los movimientos feministas y que se ha ido materializando en acuerdos internacionales, nacionales y locales con diverso grado de obligatoriedad para
las administraciones públicas. Este proceso, cuyo inicio se suele situar en la Carta Magna de Constitución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 1945, se ha ido profundizando en las Conferencias Internacionales de las Mujeres promovidas por esta Organización a partir de 1975, y ha generado normativa vinculante para sus Estados Miembros . Entre los acuerdos adoptados destacaríamos tanto la apuesta a favor de las políticas de acción positiva para avanzar en la superación de las discriminaciones por razón de
género enquistadas en nuestras sociedades, como la necesidad de integrar el objetivo de igualdad de género en todas las políticas públicas, lo que se conoce como “transversalidad” de género, difundida internacionalmente a partir de la Plataforma de Acción consensuada en la IV Conferencia Internacional de las Mujeres celebrada en Beijing en 1995. Este último es un concepto marco en el que se desenvuelve la argumentación a favor de los PEG, por ser el presupuesto público el instrumento básico que refl eja las prioridades de la política económica. Por ello, su análisis desde la perspectiva de género permite evaluar el grado de integración efectiva de los objetivos de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en las políticas públicas.