La decisión del Gobierno de no presentar al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, ante el previsible rechazo parlamentario, es una mala noticia. En primer lugar, para el propio Parlamento, que deja de cumplir su función de representar al pueblo en el debate y aprobación de los presupuestos como “expresión conjunta y sistemática” de los gastos y objetivos a los que se destinan los impuestos de las y los contribuyentes, supeditándonos al enfrentamiento entre partidos. Para las feministas, que exigimos al Estado que promueva la igualdad real y la participación política y económica, prescindir un año de la adecuación democrática del presupuesto a la realidad es perder una oportunidad.
El presupuesto 2024 prorrogado no es idéntico al presupuesto de 2023. La Orden HFP/1254/2023 del Ministerio de Hacienda de 22 de noviembre, para la ahora abandonada elaboración de los PGE para 2024, ya advertía de tres grandes cambios:
- Las guerras de Ucrania y de Palestina, con grandes y poco transparentes impactos en los presupuestos del Estado y en la economía.
- La reanudación de las reglas de déficit y deuda de la UE, tras suspenderlas en los años 2020-2023. El Plan Presupuestario para 2024 remitido por España a Bruselas en abril de 2023, alineado con el Programa de Estabilidad 2023-2026, prevé bajar de 2023 a 2024 el déficit del conjunto de las Administraciones públicas del 3,9% al 3,0 % del PIB, y reducir la deuda pública del 107,7% al 106,6% del PIB.
- La incorporación en 2024 de 25.000 millones de euros por la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobada en octubre de 2023 por la Comisión Europea y el ECOFIN.
- La redistribución del gasto para adecuarla a la nueva estructura de los ministerios.
A lo que se añade la no incorporación de gastos para actuaciones u obligaciones terminadas en 2023, por el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria, no reflejada en las fichas del presupuesto para 2024.