La prórroga de los presupuestos supone mantener inalterada la asignación de recursos públicos en un contexto social, económico y geopolítico que ha cambiado de manera significativa. A principios de 2023, no se habían registrado 232 víctimas mortales a causa de una DANA, ni habían comenzado la guerra en Ucrania o el genocidio en Gaza. Éramos un millón de personas menos y aún no había emergido con la misma intensidad la crisis habitacional ni el clamor social por el derecho a una vivienda digna. Tampoco se había evidenciado con tanta claridad el incremento de la pobreza infantil, mientras la prestación universal por crianza sigue postergándose año tras año.
La congelación presupuestaria, sin responder a estas nuevas realidades, pone en riesgo el cumplimiento efectivo de derechos fundamentales y convierte en meras declaraciones de intenciones los compromisos recogidos en las leyes. Esta falta de adaptación y respuesta ante las necesidades actuales erosiona nuestra confianza en las instituciones y debilita la credibilidad del marco normativo, al dejar sin respaldo financiero medidas esenciales para la justicia social y la igualdad.
El análisis de los presupuestos desde la perspectiva de igualdad de las mujeres pone de relieve que:
- Mientras el gasto en defensa sigue aumentando, el destinado a sanidad, educación, servicios sociales e igualdad, directamente o transferido a las Comunidades Autónomas, se estanca o disminuye.
- Existe una desconexión entre los avances normativos en materia de igualdad de género y bienestar social y los medios humanos y materiales para su aplicación, lo que enquista las desigualdades.
- Es necesaria una mayor concreción de objetivos e indicadores presupuestarios desglosados por sexos, para la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de la efectividad del gasto.
- Hay un déficit estructural de plantilla y de cuidado del personal (78% mujeres) de los servicios públicos de igualdad y contra la violencia de género, educación, sanidad y servicios sociales. En estos dos últimos se ha reducido el empleo público en 2024 en un 3,8% y 9,9% respectivamente, según la EPA.
- Las mujeres seguimos siendo las principales afectadas por la falta de inversión pública, la feminización de la pobreza y la precariedad laboral se agravan en un contexto de congelación presupuestaria.
Sin una inversión justa no es posible garantizar una sociedad más igualitaria, solidaria y sostenible.