La igualdad de oportunidades constituye una política fundamental en la acción del gobierno regional, con un espectro amplio de medidas y actuaciones, que abarca desde asegurar el acceso a todos los ciudadanos a los servicios públicos, hasta los proyectos específicamente dirigidos a solventar las situaciones de desigualdad que pueden tener diferentes causas o varias a la vez, y que determinan la complejidad de cada caso, y las vías de intervención desde las instituciones y su nivel de intensidad. La discapacidad física o psíquica, o un entorno desfavorecido con rentas bajas, o una situación de inestabilidad social o de riesgo de exclusión, o las propias actitudes e inercias sociales que pueden limitar el desarrollo personal, todas ellas son situaciones que requieren diferentes respuestas en ámbitos tan variados como la educación, la atención sanitaria y de protección social, el acceso a la vivienda y a un empleo digno.
La igualdad de oportunidades, en nuestra Comunidad, se ha concebido como un objetivo fundamental que transciende la condición femenina/masculina, y que se instrumenta en una política transversal de apoyo y fomento desde las administraciones, incluyendo todos los ámbitos que configuran la vida personal, familiar, laboral y social de cada persona, donde el rol social puede determinar apoyos específicos. Y en el marco de esta política se sitúa el presente informe, en el que, partiendo del estudio de las particularidades, naturales y sociales, que definen a mujeres y hombres, se detallan las medidas de carácter público que se han de desarrollar para conseguir la plena igualdad entre géneros.
